Los represores tuvieron el show que tanto querían. Se presentaron como víctimas del proceso de justicia. Dijeron que no reciben el trato que merecerían por su edad y que son discriminados porque las autoridades les retacean el acceso a la prisión domiciliaria o a la libertad condicional. La audiencia, que se extendió durante casi cinco horas, se hizo por disposición de la Cámara del Crimen, un tribunal que no tiene competencia para juzgar los delitos de lesa humanidad por los que ellos están detenidos.
El juez Martín Yadarola tiene su despacho en el séptimo piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, tres pisos más arriba de donde están las oficinas de la Corte Suprema. Allí, esperaba a las 10 de la mañana a quienes iban a participar de la audiencia que tuvo que convocar por decisión de los camaristas Magdalena Laiño, Rodolfo Pociello Argerich y Hernán López –que así se lo indicaron en dos fallos distintos.
La puerta del despacho 7079 se cerró definitivamente a las 10.30. En ese momento comenzó la audiencia. Yadarola había decidido que los represores podrían hablar, pero que no podrían hacerlo todos. Les indicó que debían elegir a un representante por pabellón. Eso provocó la reacción de los abogados de Justicia y Concordia, la organización que promovió el hábeas corpus en favor de los detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Las exposiciones fueron largas. Hablaron de sus dolencias. Se quejaron porque en algunas unidades no había una ambulancia para traslados. Dijeron que a ellos se los discrimina con respecto a los otros detenidos mayores de 70 años que sí tienen medidas alternativas a la prisión.
Los datos, en realidad, los desmienten. La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) estima que el 80 por ciento de los represores están detenidos en sus casas, lo que mostraría que la justicia federal no es reticente al otorgamiento de prisiones domiciliarias cuando corresponde.
En representación del Ministerio Público Fiscal estuvo el fiscal Marcelo Munilla Lacasa. Hubo representantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad. Todos dependen de Patricia Bullrich, que públicamente dijo que el proceso de justicia había mutado en un proceso de venganza. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, publicó el año pasado en La Nación que los equipos de Bullrich trabajaban en una “solución” para los mayores de 70 que están detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, quienes participaron de la audiencia en representación del Ministerio de Seguridad no llevaron esa postura, según pudo reconstruir Página/12 de la audiencia –que fue a puertas cerradas. El SPF, por ejemplo, informó que había un expediente iniciado por la falta de una ambulancia para los traslados y, de alguna manera, respondió que los pedidos de domiciliaria o de excarcelación no eran cuestiones penitenciarias, ya que eso debe…