El único proceso de paz exitoso en la historia reciente de Colombia fue la desmovilización del M-19 en 1990, durante el gobierno de Virgilio Barco. Ese fue un hito clave en la búsqueda de la reconciliación, pues permitió la participación política de exguerrilleros hace ya 35 años.
En todo lo demás, los colombianos hemos vivido bajo el yugo de un conflicto armado casi eterno, cuyo registro histórico se remonta al genocidio de los pueblos originarios a manos de los invasores españoles, llamados «descubridores», luego «colonizadores», y con el tiempo, a quienes les fueron sucediendo, les otorgaron apelativos eufemísticos para referirse a su accionar violento.
Con el tiempo, la dinámica del conflicto transformó a los llamados «guerrilleros» que alguna vez enarbolaron ideales revolucionarios, ejércitos populares con aspiraciones socialistas, en lo que hoy conocemos como grupos armados organizados, disidencias y otras organizaciones criminales, dedicadas al lucro mediante la extorsión, el secuestro, el atraco, el narcotráfico y la minería ilegal.
Lo que sostengo es que, ante la metamorfosis de la lucha armada en «emprendimientos» criminales que garantizan la supervivencia de sectores excluidos del sistema económico legal, la negociación política de paz se torna inviable. La historia del conflicto colombiano lo demuestra.
Miremos que, tras el periodo conocido como “La Violencia”, en los años 50 del siglo pasado, marcado por la confrontación bipartidista entre liberales y conservadores, se implementaron varias amnistías y procesos de desarme con la esperanza de la reconciliación nacional. Sin embargo, estas iniciativas que no abordaron las causas profundas del conflicto, mutaron en una persistente guerra de guerrillas.
El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) vio el fracaso de los diálogos y acuerdos de cese al fuego con el M-19, el EPL, el ADO y las FARC-EP. Los diálogos continuaron durante el gobierno de Gaviria (1990-1994), pero sin resultados tangibles. Ernesto Samper (1994-1998) se vio envuelto en el escándalo del Proceso 8000, que vinculó la financiación de su campaña con dineros del narcotráfico, afectando gravemente la credibilidad del proceso.
Peor aún le fue a Andrés Pastrana (1998-2002), cuyo intento de diálogo con las FARC-EP en el Caguán terminó en un estrepitoso fracaso en 2002, con la reanudación de la confrontación. La política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), aunque promovió la desmovilización de algunos grupos paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), no logró pacificar el país. Y durante el gobierno de Iván…