El continuo afán de crecimiento de las economías del mundo ha empujado a la extracción inescrupulosa de recursos de todos los territorios, y el marítimo no ha sido una excepción. La pesca industrial, la salmonicultura, la minería submarina, entre tantas otras, están degradando de forma acelerada nuestros océanos y la única posibilidad de sanarlos viene desde una adecuada protección.
Estefanía González es subdirectora de Campañas de Greenpeace
A comienzos de este año, el Senado chileno aprobó el Tratado Global de los Océanos de Naciones Unidas, lo que nos permitió convertirnos en el primer país en el mundo, junto a Palau, en ratificar este acuerdo, un hito enorme para la protección de la diversidad de nuestros océanos y que hasta el día de hoy nos enorgullece.
El continuo afán de crecimiento de las economías del mundo ha empujado a la extracción inescrupulosa de recursos de todos los territorios, y el marítimo no ha sido una excepción. La pesca industrial, la salmonicultura, la minería submarina, entre tantas otras, están degradando de forma acelerada nuestros océanos y la única posibilidad de sanarlos viene desde una adecuada protección.
Es precisamente ahí donde radica la importancia de este acuerdo, que permite proteger el 30% de los océanos del mundo para el año 2030, algo que la ciencia ha establecido como necesario para que los mares del mundo tengan la oportunidad de recuperarse.
Sin embargo, y pese al liderazgo de Chile para la protección de las aguas internacionales a través de este importante tratado, lo cierto es que poco o nada se está haciendo dentro de nuestro país para avanzar en la protección efectiva de los ecosistemas costeros. Me referiré a un asunto que se sigue promoviendo o permitiendo desde el Estado aún cuando está degradando los territorios: el fomento a la expansión de la salmonicultura.
Esta industria se ha posicionado como la segunda exportadora del país, creciendo año a año, tanto en producción como en ganancias. Pero su desarrollo no ha sido inocuo para los territorios, sino que ha dejado una estela de contaminación y degradación de fondos marinos y la biodiversidad en general.
Sin ir más lejos, en 2023 un relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente de la ONU, David R. Boyd, visitó diversos lugares en el país, con el objetivo de documentar y conocer de primera fuente los principales conflictos medioambientales que enfrenta nuestro país. Al terminar su visita, aseguró haber sido testigo de las “flagrantes violaciones cometidas durante años a su derecho (de las comunidades) a vivir en un ambiente limpio, saludable y sostenible”, haciendo una especial mención a los daños ecológicos a ecosistemas ocasionados por la industria salmonera en los mares del sur del país.
La industria salmonera una y otra vez…