Entre 2020 y 2023, la Procuraduría General de la Nación reportó 709 casos de trata de personas. Este dato refleja un aumento del 400 por ciento en los casos de menores de 12 a 17 años, registrado entre 2022 y 2023. Ante esta crisis, la senadora Sonia Bernal convocó el pasado miércoles 27 de noviembre a la Audiencia Pública “Nuevas Modalidades del Delito de Trata de Personas y Retos Institucionales”.
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El encuentro estuvo centrado en el Proyecto de Ley 061, radicado el 31 de julio de 2024, que busca modernizar la normativa existente Antitrata, adaptándola a las nuevas modalidades digitales del delito y alineándose con los estándares internacionales.
Las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza (Bogotá) y Alexandra Vásquez (Cundinamarca), co autoras del Proyecto de Ley 061, así como el senador Carlos Fernando Motoa, ponente de la propuesta de modernización de esta normativa y la autora de la ley, Sonia Bernal, insisten en la urgencia de tener una norma que se adapte a los estándares internacionales.
Audiencia pública sobre “Nuevas Modalidades del Delito de Trata de Personas y Retos Institucionales”.
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En la audiencia participaron más de 150 personas, entre víctimas y sobrevivientes de la explotación, así como de organizaciones sociales, representantes de entes territoriales y expertos en derechos humanos.
“En Cartagena, entre 2021 y 2023 aumentó 2.000 por ciento la judicialización del delito de trata y delitos conexos. Pasamos de identificar 1 caso cada 4 meses, a identificar un caso cada 5 días y eso, con la ley vigente”, afirmó la ex secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González Forero. Ese fue su llamado al Gobierno porque, según ella, si bien el presidente Gustavo Petro expresa una “preocupación por el rescate de niños y mujeres colombianas explotadas a nivel internacional, por otro lado están los funcionarios del Gobierno que tienen una serie de ambigüedades”.
Por su parte, Claudia Quintero, reconocida activista y directora de la Fundación Empodérame, que lucha por los derechos de las víctimas de explotación sexual y es, además, sobreviviente de esta misma forma de violencia, señaló que la Ley 985 de la lucha contra la trata de personas cumple 25 años, pero “muere virgen porque ni siquiera fue reglamentada. El concepto de trata no se limita al secuestro, implica la captación, traslado y acogida de las víctimas”.
Claudia Quintero también señaló que las víctimas siguen sin reconocerse como tales. Subrayó que el consentimiento no tiene relevancia dentro de la judicialización de la trata de personas, ya que, como lo establece la Constitución, nadie puede elegir su propia esclavitud.
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