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El diputado local Guillermo Ruiz Guerra (PRD) señaló que este sector de la población debe tener garantizada la accesibilidad y la movilidad, para favorecer su autonomía e independencia, como lo establecen los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte.
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Los gobiernos, dijo, deben implementar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información.
“La Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Coahuila establece el derecho a la accesibilidad universal en condiciones dignas y seguras en espacios públicos. Se trata de un principio transversal que impacta los distintos espacios e infraestructuras del entorno urbano como son edificios, centros de salud, vías públicas, transporte y escuelas”, dijo.
“La accesibilidad en el entorno educativo es fundamental para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o mentales, puedan tener acceso igualitario a la educación y participar plenamente en el proceso de aprendizaje”, acotó.
Añadió que deben eliminarse las barreras físicas, urbanísticas y arquitectónicas que dificultan el ingreso, circulación o desplazamiento hacia las instalaciones educativas, pues incluso hay escuelas que carecen de rampas de acceso o están mal diseñadas, son muy angostas o tienen pendientes pronunciadas que imposibilitan su uso de manera segura, cómoda e independiente.
Además, de acuerdo con el Inventario Nacional de Viviendas del INEGI, en el país casi el 80% de las vialidades urbanas carecen de rampas para sillas de ruedas, lo que debe obligar a las autoridades municipales a realizar las proyecciones y adaptaciones necesarias en la infraestructura para facilitar la movilidad de las personas que presentan algún impedimento o limitación para movilizarse.
“Coahuila es una de las entidades con mayor grado de escolaridad y con menores niveles de rezago educativo, de ahí la importancia de continuar fortaleciendo las estrategias que permitan a todas las niñas, niños y jóvenes acudir a las aulas”, expuso el legislador.
“Las personas con discapacidad son las que enfrentan más dificultades en su trayectoria educativa y, por lo tanto, tienen mayor riesgo de interrumpir sus estudios que las personas sin discapacidad. Las medidas que tomen los ayuntamientos para habilitar y adaptar los espacios…
