Desde hace muchos años, gran parte de la ciudadanía se da cuenta de que la Corte Suprema de Justicia bate todos los records de malicia e ignominia en la vida política nacional. Y no les faltan razones: desde los inicios de nuestra vida republicana la CSJ ha sido un factor permanente de injusticias y sumisión de la democracia a los poderes políticos y económicos más recalcitrantes.
Aunque el texto original de la Constitución Nacional de 1853 estableció que dicha Corte debía integrarse con 9 jueces y dos fiscales, eso nunca se concretó. Apenas pudo instalarse 10 años después, en 1863, y su primera sentencia se limitó a rechazar un recurso de queja por defectos de forma. Toda una señal para el futuro.
Tras la batalla de Pavón, en la que la Provincia de Buenos Aires venció e impuso condiciones a la hasta entonces Confederación Argentina, Bartolomé Mitre dispuso que el número de jueces de la Corte lo estableciera el Congreso, que decidió que fueran 5 y no 9 los magistrados. Número que duró casi un siglo, hasta que en 1960 y durante la presidencia de Arturo Frondizi se aumentó a 7. Seis años después, el dictador Onganía los volvió a 5. En 1990 Carlos Menem dispuso que mejor fueran 9. En 2006 con Néstor Kirchner se volvió a 5. Y en 2015 Mauricio Macri abrió la ventana y la redujo a 4 amigos. Hasta ahora.
Pero lo sabroso de la historia no está solamente en el número de jueces, porque la Argentina constitucional fue casi siempre una república con gobiernos oligárquicos y sin participación popular. Después de Mitre otro presidente, Julio Argentino Roca, designó en 1903 al juez Antonio Bermejo para presidir la Corte Suprema, cargo que ejerció durante 26 años hasta su muerte en 1929, siendo así el funcionario que más tiempo ocupó cargo tan relevante y cuya influencia en la Corte durante las tres primeras décadas del siglo 20 fue decisiva, a tal punto que jamás hubo votos en disidencia y además se practicaron todo tipo de violaciones a los derechos humanos en la represión al naciente movimiento obrero.
Un año después, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930 mediante el primer Golpe de Estado cívico-militar, encabezado por el general e inmediato dictador José Félix Uriburu, se inició la primera de las 6 dictaduras del siglo 20, todas legitimadas por las respectivas Cortes Supremas a partir de que los miembros de esa Corte uriburista dictaron la primera acordada convalidando el derrocamiento de autoridades constitucionales.
Con lo que dieron origen a la llamada “Doctrina de los gobiernos de facto”, que validó el procurador general en ese gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien el 10 de septiembre de 1930, y junto con los integrantes de aquella Corte –José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna– “legalizaron” el derrocamiento de Yrigoyen.
De ahí en adelante cada dictadura se valió de Cortes Supremas de Justicia designadas por los sucesivos…