–Ante la crisis humanitaria que se presenta en Catatumbo, Norte de Santander, por el accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP emitió varias órdenes dirigidas a las entidades del Estado responsables de proteger a los excombatientes de las extintas Farc-EP que, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil y cuya integridad está en riesgo.
Las decisiones emitidas son de carácter urgente. Según cifras de la Defensoría del Pueblo presentadas a la JEP, cerca de 80 personas han sido asesinadas y al menos 11.000 desplazadas. Por su parte, los abogados de los excombatientes de las antiguas Farc-EP denunciaron ante esta Jurisdicción que, entre el 15 y el 22 de enero, fueron asesinados los firmantes Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita. Además, se han registrado desplazamientos forzados y la retención ilegal de al menos 30 civiles, incluidos firmantes del Acuerdo.
Bajo este contexto, la JEP ordenó al Ministerio de Defensa que, de manera inmediata garantice el proceso de extracción de 124 firmantes del Acuerdo de Paz que se encuentran en la zona del Catatumbo, asimismo, deben mantener los anillos de seguridad en el AETCR de Caño Indio y en el NAR de Tibú, en un término de 10 días deberán presentar un informe detallado de las acciones implementadas para garantizar la protección de los excombatientes.
También se ordena a la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, diseñar y ejecutar un plan para localizar, al menos, a 12 firmantes del Acuerdo Final de Paz desaparecidos a raíz de la crisis humanitaria en Catatumbo.
Estas decisiones se toman en el marco de la medida cautelar colectiva adoptada por la JEP desde 2020, orientada a proteger a las personas en proceso de reincorporación y garantizar sus derechos fundamentales, como su vida, integridad personal y permanencia en el territorio, en cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
Para atender los graves problemas de seguridad en el Catatumbo, la JEP también le ordena a la Fiscalía que presente un informe detallado sobre todas las acciones investigativas relacionadas con la criminalidad en la región. Además, le solicita que diseñe un plan para recoger las declaraciones y denuncias de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus núcleos familiares que hayan sido víctimas de estos hechos, entre ellos, homicidio y desaparición forzada, y acelerar las investigaciones judiciales necesarias para esclarecer estos hechos.
Al Ministerio del Interior, en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, entre otras, les solicitó implementar un plan…
