El juez pidió que el INE y el CJF se abstengan de realizar acciones relacionadas con el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, incluyendo la transferencia de recursos para funciones administrativas o de disciplina judicial.
CIUDAD DE MÉXICO.- El juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco García Contreras, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por desacato.
Según la información publicada por El Universal, el juez impuso una multa de 54,285 pesos al organismo y estableció un plazo de 24 horas para frenar el proceso electoral extraordinario de 2025.
Acusaciones contra el INE por incumplir una suspensión
El juez argumentó que el INE no ha acatado una suspensión provisional otorgada en un juicio de amparo. En su resolución señaló:
Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación al delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo”.
Además, ordenó al Administrador Desconcentrado de Recaudación de la Ciudad de México hacer efectiva la sanción económica y advirtió que, de no cumplirse, se aplicará una multa adicional de 5,428 pesos.
El juez también pidió que el INE y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se abstengan de realizar acciones relacionadas con el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, incluyendo la transferencia de recursos para funciones administrativas o de disciplina judicial.
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El INE defiende la continuidad del proceso electoral
Por su parte, el INE argumentó que detener las actividades del proceso electoral es “constitucionalmente inviable”. Según el Instituto, sus atribuciones y mandatos están garantizados por la Constitución.
El desarrollo y organización del proceso electoral para la renovación de los Poderes de la Unión no pueden detenerse. Concluir lo contrario implicaría paralizar a los entes del Estado”, indicó el INE en un comunicado.
El INE enfatizó que su labor es proteger los derechos de la ciudadanía, tanto para votar como para postularse a cargos de elección popular, y reiteró que continuará con las actividades previstas por la normativa electoral.
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