Un edificio abandonado a medio hacer, una constructora quebrada, un proyecto de viviendas sociales y, 60 años después, la expulsión de 45 personas que se quedan sin hogar. Todo eso resume la historia del inmueble de Olazábal al 3400, barrio de Belgrano, del que este lunes fueron desalojadas por orden de la Justicia unas 20 familias que, en algunos casos, vivían allí desde hace unos 40 años. Por ahora, las familias con sus niños y niñas fueron derivadas a paradores u hoteles porteños sin soluciones habitacionales concretas a la vista.
La mole abandonada de quince pisos y tres cuerpos se levanta a metros del cruce de Olazábal y el viaducto del ferrocarril Mitre. Es una pincelada extraña para un paisaje rodeado de otros cotizados edificios, estos sí finalizados, o coquetas casas bajas residenciales del límite entre Belgrano R. y Coghlan. Los ladrillos a la vista, los balcones sin terminar, los grafitis en los muros contrastan con el panorama de la cuadra, aunque no es una novedad: el edificio está así desde el año 1965.
Según pudo reconstruir Página 12, ese año la constructora Promobra, a cargo del proyecto, quebró y dejó el inmueble en el estado actual. Luna Miguens, directora del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, que intervino en el caso para intentar frenar el desalojo, cuenta que tras la quiebra de la empresa, “el Estado nacional compró el edificio siete años después para construir viviendas sociales, pero llamativamente nunca lo inscribió en el registro de la propiedad y quedó en un limbo”.
Así se inicia lo que Miguens describe como un derrotero de “desidia estatal” en torno al edificio. “Es muy preocupante que en todos estos años no haya habido ninguna actividad para encontrar una solución a esta situación, y en particular en estos últimos dos años desde que se presentó la denuncia. No hubo ninguna iniciativa para sentar en una mesa a las distintas partes con las 18 familias que hicieron del edificio un lugar de vida y merecen no ser echados de un dia para el otro, sino encontrar una solución”, sostiene.
Un conflicto intensificado
Es que el conflicto por el lugar se intensificó a fines de 2022, cuando una nueva constructora, que habría comprado el edificio ese mismo año, inició una demanda por usurpación contra las personas que vivían allí y pidió el desalojo. La versión de las familias es que las primeras en llegar al lugar lo hicieron por un acuerdo legal firmado a mediados de los ’70. Tras el quiebre de la empresa, sostienen, la liquidadora ordenó asignar a una persona para realizar tareas de mantenimiento, permitiéndole sumar familiares y allegados que comenzaron a vivir allí construyendo sus espacios de vida.
En la presentación del Cels ante la Justicia se detalla que todavía quedan miembros de esas familias originarias y que son ellos “quienes con sus ingresos realizaron el pago de los servicios, costearon las mejoras necesarias para el funcionamiento y…