En Colombia las compañías están afinando y fortaleciendo sus procesos de control y vigilancia con el fin de identificar y prevenir a tiempo las conductas ilícitas relacionadas con el lavado de activos o la financiación a terrorismo, actividades que en muchos casos, clientes o usuarios tratan de aparentar como legales o licitas.
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Como primera medida, “es clave identificar, según la actividad económica que realiza la empresa, qué normatividad local, regulatoria y estándares de buenas prácticas se deben cumplir y aplicar para prevenir este tipo de delitos”.
Segundo, “es importante determinar una política de gestión de riesgo, así como establecer las acciones de difusión suficientes para generar pedagogía en los miembros de la organización sobre este tema”.
Más medidas contra el lavado de activos
Además, “es fundamental desarrollar un modelo de gestión de riesgos (ISO 31000, COSO ERM), que permita identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos asociados con estas malas prácticas”.
Y “es prioritario establecer los indicadores de gestión de riesgo que ayuden a conocer las desviaciones al cumplimiento de la política y a prevenir la materialización de estas conductas”.
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Con relación a las mejoras prácticas que están desarrollando las empresas con el propósito de identificar y contrarrestar a tiempo la ejecución de estos delitos, Pisco resalta las siguientes:
“Uno, conocer las actividades económicas de los clientes y empleados, así como el origen de estos recursos, con el objetivo de identificar posibles movimientos y transacciones atípicas; dos, monitorear este tipo de operaciones a través de reglas y modelos estadísticos; y tres, reportar toras las transacciones en efectivo por montos significativos, con el fin de conocer su procedencia y destino”.
Otros consejos que se pueden aplicar en este sentido, son: crear reglas en los sistemas de vinculación de clientes, de gestión de riesgo y de monitoreo de transacciones para detectar alertas tempranas; y dar a conocer las políticas relacionadas con el sistema de LA/FT a las partes interesadas de las empresas.
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