Sobre la medianoche, el Gobierno informó mediante un comunicado que vetará la nueva fórmula de movilidad jubilatoria porque el proyecto “tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”, denunciando además “un acto de populismo demagógico” del Congreso. El Gobierno enfrenta así el costo político de una decisión profundamente impopular, que puede ser rápidamente revertida en el Parlamento.
Milei ya había anunciado hace más de dos meses que tiene la lapicera desenfundada para el veto. “El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, se justificó en el texto oficial de Presidencia. Y se acusó al Congreso de cometer “un acto de populismo demagógico”, “sancionar un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria”.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, respondió al resultado en el Senado con una línea en su cuenta de X. “El equilibrio fiscal es innegociable”, escribió. El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo lo propio. Solo agregó su marca: “Fin”.
En su conferencia de prensa matinal, Adorni había confirmado que Milei piensa vetar la ley: “Todo lo que vaya en contra de las cuentas públicas se va a vetar”. Javier Lanari, subsecretario de Prensa, fue un poco más extenso: “No nos enganchemos– aconsejó desde su plataforma X. Los senadores no quieren que los jubilados vivan mejor. Lo único que quieren es atacar al gobierno y que Milei pague el costo político”.
El Presidente deberá efectivamente pagar el costo político. Si veta el proyecto –no es ley hasta que no sea promulgada–, el Congreso tiene que insistir con una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Ante un “segundo intento” del Parlamento, Milei se queda sin más remedio que acatar. Será todo costo político: ir contra quienes están pagando el ajuste de la administración libertaria que dice que “no hay plata” pero destina 100.000 millones de pesos en fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), enfrentarse al Congreso y sufrir una nueva derrota.
Si el Presidente veta el proyecto, éste vuelve a su cámara de origen. En este caso, la Cámara de Diputados. Allí votaron 240 legisladores: 160 a favor, 72 en contra y ocho abstenciones. En ese caso, están los dos tercios. El Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT) se abstuvo en la votación de junio, pero ya anunció que votará a favor. Son cinco votos más.
La votación es nominal por sí o por no. Después pasa a la cámara revisora, o sea, al Senado. En la Cámara alta, los números son más holgados.
Las amenazas
Milei viene amenazando con el veto desde el 5 de junio. Ese día habló de “degenerados fiscales de la política” que quieren romper el equilibrio fiscal. “Se los digo yo, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el…