EL VENEZOLANO COLOMBIA
La reciente reforma a la Ley Orgánica de Extranjería en España, anunciada el 20 de noviembre, plantea importantes cambios para
Reformas clave para los solicitantes de asilo
El 20 de mayo de 2025 marcará un punto de inflexión en la legislación española sobre extranjería, especialmente para los venezolanos que han solicitado asilo. La nueva reforma limita la capacidad de los migrantes que hayan sido rechazados en sus solicitudes de asilo para acceder a permisos de residencia mediante el arraigo, una de las principales vías de regularización en el país. Si antes se podía aplicar a un arraigo con solo haber esperado una respuesta, ahora deberán esperar dos años desde la negativa para poder hacerlo.
A pesar de que el gobierno ha implementado una disposición transitoria para reducir el tiempo de espera de dos años a seis meses, esta medida solo será válida durante un año, hasta mayo de 2025. Esto crea un periodo crítico en el que los solicitantes de asilo deberán actuar con rapidez para regularizar su situación, ya que la reforma podría impedirles hacerlo después de esa fecha.
La eliminación de la validez del pasaporte vencido
Un cambio adicional y de gran impacto para los venezolanos en España es la eliminación de la medida que permitía a los migrantes utilizar un pasaporte vencido para realizar trámites de extranjería. Esta disposición, que estuvo en vigor desde 2019, permitía que los venezolanos que no contaran con su pasaporte actualizado pudieran continuar con sus trámites de residencia.
Sin embargo, la reforma pone fin a esta medida, lo que podría complicar aún más la situación de muchos migrantes que no han podido renovar sus documentos debido a los obstáculos administrativos en su país de origen.
El futuro incierto del asilo venezolano
Los cambios en la ley coinciden con el aumento en la cantidad de solicitudes de asilo de venezolanos en España. En 2023, Venezuela fue el país con más solicitudes de asilo, con un incremento del 32 % respecto al año anterior. Sin embargo, las nuevas medidas de la reforma podrían poner en peligro el acceso a la residencia por razones humanitarias para quienes han visto sus peticiones de asilo rechazadas.
A partir de mayo de 2025, aquellos que no hayan alcanzado la residencia por razones humanitarias o no hayan obtenido el estatus de refugiado, enfrentan la posibilidad de ser considerados fuera del sistema de protección.
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