Seguridad en el Cauca: Un desafío que exige compromiso nacional y territorial.
La seguridad en el Cauca es, sin duda, uno de los temas más urgentes y complejos que enfrenta nuestra región. Durante décadas, hemos sido testigos de un conflicto que se ha transformado con el tiempo, mutando en dinámicas criminales cada vez más sofisticadas, alimentadas por economías ilegales y la fragilidad de las instituciones en ciertos territorios. Como gobernador del Cauca, tengo la obligación de abordar esta problemática con responsabilidad, firmeza y una visión clara de cómo podemos construir soluciones reales intergeneracionales.
En Colombia, los gobernadores desempeñamos un papel clave en la seguridad y el orden público, aunque no tenemos mando directo sobre la fuerza pública. Como jefes de policía en los departamentos, somos responsables de coordinar estrategias de seguridad con la Policía Nacional y el Ejército, articulando esfuerzos con alcaldes y el Gobierno Nacional. A través del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), implementamos políticas de prevención del delito, fortaleciendo la justicia y definiendo acciones para proteger a las comunidades más vulnerables. Además, en los Consejos de Seguridad, analizamos los principales riesgos y definimos acciones concretas para enfrentar la amenaza de los distintos grupos armados, la violencia y fenómenos como el narcotráfico y la extorsión.
En un ejercicio estadístico, podemos señalar que en lo corrido del 2025, en el Cauca hemos logrado una reducción sistemática en todos los indicadores relacionados con hechos delictivos: homicidios 14.5%, extorsión 33.4%, hurto a personas 17.7%, hurto a automotores 43.75% y hurto a motocicletas 8.8%. Sin embargo, la seguridad en nuestro departamento ha evolucionado y hoy enfrentamos desafíos aún más graves, que no se asocian únicamente a la situación de conflicto o a los hechos delictivos relacionados con la seguridad ciudadana.
Ejemplo de esto, lo que ocurre con la vía panamericana y los avances de su doble calzada. Ésta es una arteria vital para el comercio y la conectividad de la región, pero se ha convertido en un espacio de riesgo, de confrontación y de control, no solo por los constantes bloqueos, sino por los casos de retenes ilegales, secuestros y delitos que en ocasiones alteran el orden público y afectan el normal funcionamiento de nuestro corredor vial, nuestra economía, además de incrementar la inevitable percepción de inseguridad, miedo, zozobra y disminuir la seguridad inversionista.
Ante esta situación, estamos trabajando para fortalecer las capacidades de respuesta de nuestra fuerza pública en esta importante vía, con una presencia mucho más permanente y estratégica que nos devuelva la tranquilidad para garantizar la seguridad y la libre movilidad, y nos permita recuperar seguridad inversionista para mejorar nuestra competitividad y explotar…