Como le he mencionado en varias columnas, América Latina y el Caribe tienen las tasas regionales de homicidio más altas del mundo, y más de la mitad de estas muertes están relacionadas con el crimen organizado. Mientras el 20% de los ciudadanos de la región califica la inseguridad como su principal preocupación, casi una cuarta parte afirma haber sido víctima de un delito en el último año. Esta realidad se agrava con un panorama generalizado de violencia social que incluye un femicidio cada dos horas en esta región. El costo humano y económico de todo esto es gigantesco y afecta principalmente a los segmentos más desposeídos y marginales de nuestros países.
En contextos de inseguridad no es posible el desarrollo económico y cunde la desconfianza con las
instituciones, cuando no derechamente la desafección con la democracia. En esas circunstancias, las economías se vuelven crecientemente informales, lo que fortalece a las organizaciones criminales, fomenta la corrupción, perjudica a los trabajadores así como a los consumidores, y debilita a los gobiernos que se van quedando sin ingresos tributarios y sin interacción con la población, lo que termina erosionando su efectividad y peor aún, su legitimidad.
Cuando la población se siente insegura, se vuelve más receptiva a respuestas militarizadas y de mano dura que erosionan los principios democráticos. Un caso muy claro es el de El Salvador donde el país llegó a convertirse en una gran cárcel en la cual los ciudadanos eran los internos y las maras o bandas criminales, los carceleros. En la desesperación tras años empeorando, optaron por el primero que les prometió una mano implacable contra las bandas criminales al precio que fuera, porque como dije, su vida era un régimen penitenciario.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la delincuencia cuesta actualmente a los países de América Latina y el Caribe el 3,5% de su PIB. Por supuesto que en contextos de opacidad como es la mayoría de los casos de nuestras sociedades, esto puede ser mucho más en varios de ellos.
Los costos se reflejan principalmente en la merma de ingresos tributarios, pero también en la pérdida de vidas y su impacto en distintas dimensiones, la afectación e incluso destrucción de la propiedad pública y privada, así como la baja en la inversión y el estímulo a la salida de capitales.
La inseguridad y la violencia empujan también a la emigración. Empíricamente se ha podido constatar que los países más afectados por la criminalidad son los que más emigrantes tienen.
Centroamérica ha sido la evidencia más palmaria de esto y ahora lo estamos viendo con países como Ecuador y Haití.
La delincuencia también es una de las principales preocupaciones en Estados Unidos, con una proporción cada vez mayor de ciudadanos estadounidenses – casi el 60% – que la citan como una de las principales prioridades para la administración…