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Temístocles fue acusado 10 años después por varios delitos

Ayer miércoles 5 de junio, la Corte Suprema de Justicia anunció que ante la Sala Especial de Primera Instancia fue acusado formalmente el exgobernador de Cauca, Temístocles Ortega Narváez, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

Se trata de la ejecución del Contrato No. 1040 de 2014, adjudicado en agosto de 2014 a la Fundación EDICOL, representada legalmente por María Margarita Zapata Paredes, para ampliar en 200 metros la pista del aeropuerto del municipio de López de Micay.

Según la Fiscalía delegada, el contrato tuvo un valor de $2.599′729.902, con un plazo inicial de 6 meses. Eran recursos del sistema general de regalías, específicamente, del fondo de compensación regional.

Supuestamente, el contrato no observó el cumplimiento de requisitos legales esenciales pues las evidencias indican que:

  • No se realizaron los estudios de suelo correspondientes. Los utilizados y suscritos supuestamente eran falsos.
  • No se realizaron ni se presentaron los documentos del diseño de la obra.
  • No se realizaron las memorias de cálculo estructural del box culvert requerido para la obra.
  • Licencia ambiental para la contratación de la obra fue soportada con un documento falso.
  • No se tuvo en cuenta la reglamentación aeronáutica.

Dice el alto tribunal que, por todas estas faltas, hubo varias afectaciones para el departamento, como, por ejemplo, que “como no se realizaron los estudios previos de manera correcta, siete días antes de que se venciera el término de ejecución del contrato se tuvo que suspender y realizar nuevos diseños y se le tuvo que adicionar al contrato $775′276.873, que tuvieron que ser entregados por la administración siguiente. Igualmente, se encontró que de la construcción de los 200 metros previstos, solamente se materializaron 100 metros, en los cuales, además, se presentaron agrietamientos, ondulaciones y resaltos.

La acusación previa por parte de la Fiscalía se realizó ante la Corte Suprema de Justicia en razón a su condición de senador de la República en el momento que se iniciaron las investigaciones. La Sala de Instrucción de la Corte vinculó al exmandatario, a través de indagatoria realizada el 6 de julio de 2022.

Tras perder su fuero como congresista, el expediente pasó a la Fiscalía General, que encontró méritos suficientes para acusar al exgobernador Ortega Narváez.

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